La nueva Junta comenzó así una ardua tarea, cuya finalidad no era otra que demostrar fehacientemente las razones que justificaban la segregación. Para ello, había que adoptar primero una importante decisión: elegir al equipo profesional que llevara jurídicamente el proceso, teniendo en cuenta además los importantes costes económicos de una gestión de esta naturaleza. Finalmente, tras muchos contactos, se decidió encomendar dicha tarea al abogado granadino Antonio Tastet Díez, quien a la postre sería auténtico artífice jurídico de un trámite tan amplio y complejo, al que además se sumó de forma entusiasta, con honradez y enorme profesionalidad, méritos reconocidos hoy con el bautismo de una calle que perpetúa su memoria.

En principio, los requisitos exigidos para obtener la condición de municipio se resumían en tres:

1. TERRITORIO SUFICIENTE para desarrollar las actividades propia de un municipio, un aspecto éste superado básicamente al tener Torremolinos perfectamente delimitados con anterioridad, desde cuando era municipio independiente, su término municipal, por lo que se trataba de copiar el antiguo mapa del Torremolinos de 1924, actualizándolo con los nuevos barrios, distritos y urbanizaciones surgidas entre aquél año y 1980.

2. CONTAR CON LA VOLUNTAD POPULAR. Un aspecto fácil en apariencia, pero no tan sencillo en cuanto a su demostración jurídica, sobre todo teniendo en cuenta que la Ley no preveía la celebración de un referéndum, por lo que la única forma de acreditar esa voluntad popular era mediante la firma individualizada de un documento de apoyo a la segregación de Torremolinos de Málaga. La campaña a tal fin se inició el 15 de febrero de 1981 y, programada para tres meses, la Junta Pro-Autonomía hubo de prolongarla como consecuencia de que el censo oficial, revisado ese mismo año, se había ya incrementado en personas mayores de 18 años hasta los 12.000 habitantes, lo que significaba que, siendo necesario acreditar la “voluntad popular” en número superior al 50 por ciento de la población, el número de firmas exigible alcanzaba las 6.000.

Además, el PSOE, con una amplia mayoría en el Ayuntamiento de Málaga y un triunfo electoral en los colegios electorales de Torremolinos, inició desde la ejecutiva local liderada por Francisco Bóveda, a la sazón teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga, una campaña soterrada de oposición a la recogida de firmas que dificultaba aún más esta iniciativa y que motivó fuertes discrepancias en el seno del propio partido, en el que destacados dirigentes locales, como el anterior responsable en Torremolinos, Francisco Prieto Tejada, hoy ya no militante socialista, discrepó abiertamente de la postura impuesta por Francisco Bóveda, por considerar que ir contra la autonomía suponía una tradición a su propio pueblo.

Por su parte, el PCE, habiendo rehusado también a firmar el Manifiesto, no hizo campaña en contra de la recogida de firmas, dejando libertad a sus militantes, una decisión influida por Brenea Chaves, vecina de Torremolinos y entonces concejala del Ayuntamiento de Málaga.

Por fin, se superaron todos los obstáculos y trece meses después, en marzo de 1982, se dio por terminada la recogida de firmas, con más de 8.400 apoyos explícitos, que suponían más del 70 por ciento del censo oficial del momento.

3. AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA. No había dudas al respecto, aunque de la promesa formal del entonces alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, a la Junta Pro-Autonomía, de facilitarle todos los datos económicos relacionados con Torremolinos se pasó a una cerrazón total al respecto, resultando especialmente difícil demostrar documentalmente esa autosuficiencia económica del municipio. De hecho, consciente de la imposibilidad de acreditar lo contrario, el alcalde de Málaga argumentó reiteradamente que Torremolinos era deficitario y que, por tanto, su supervivencia dependía de las aportaciones de Málaga.

Fue necesaria mucha paciencia y superar muchos inconvenientes para que los miembros de la Junta Pro-Autonomía lograran acopiar los necesarios datos socio-económicos que probaran la importancia de Torremolinos y los ingresos que podía generar de cara a poder atender las necesidades que comportaría un autogobierno. No obstante los problemas, finalmente se elaboró un presupuesto teórico de 2.100 millones de pesetas, confirmado más tarde como viable por los técnicos de la Dirección General de Administración Local y Justicia, que valoraron la evidencia de la rigurosidad de este trabajo, corroborada además por el hecho de que el primer presupuesto del nuevo municipio ascendió a idéntica cantidad, 2.100 millones de pesetas.

Concluido por fin el expediente jurídico demostrativo de la capacidad de Torremolinos para cumplir los requisitos legales exigidos, el documento de segregación, el más completo que jamás se había elaborado en España, con 3.500 folios, fue presentado por Antonio Tastet Díez y algunos miembros de la Junta Pro-Autonomía el 30 de abril de 1982, celebrándose ese mismo día, como apoyo al trámite administrativo, una manifestación popular por las calles de Torremolinos a la que acudieron más de 5.000 personas.

A partir de aquel momento, todo dependía del Ayuntamiento de Málaga. Si votaba a favor, el expediente tendría una rápida tramitación. En caso contrario, la Junta Pro-Autonomía se vería abocada al trámite contencioso.

Aunque el PSOE de Torremolinos se había mostrado contrario a la autonomía, eran muchos los que albergaban esperanzas de que, una vez constatado el rotundo apoyo popular al proceso de segregación, y tras haberse demostrado la capacidad económica de supervivencia de Torremolinos, el PSOE votara a favor de la independencia. Además, se tenía la esperanza de que Francisco Bóveda, que no había nacido en Torremolinos pero llevaba más de veinte años viviendo en el pueblo, como máximo responsable del PSOE en Torremolinos y también teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Málaga, influyera en sentido positivo sobre la decisión final. Pero no fue así. Al final, lo que muchos calificaron de “traición a su pueblo” se consumó el 29 de mayo de 1982, cuando Bóveda, como el resto de compañeros de partido, antepuso sus intereses personales y su estatus de concejal malagueño a los deseos del pueblo de Torremolinos, votando contra la iniciativa de independencia.

El rechazo mayoritario del Ayuntamiento de Málaga a la segregación supuso un duro revés para la Junta Pro-Autonomía y los miles de vecinos de Torremolinos que habían soñado con ver cumplido su sueño de forma casi inmediata.

No obstante, en julio de 1982 se interpuso el correspondiente recurso de reposición, que fue tratado por el Pleno malagueño en sesión ordinaria del 30 de septiembre de ese mismo año. De nuevo, Francisco Bóveda y el resto de representantes socialistas se opuso a la independencia de Torremolinos, lo que, por otra parte, no representó ninguna sorpresa.

Además, en dicha sesión no sólo fue rechazado el recurso sino que, a propuesta del portavoz del PSOE, se decidió el archivo del expediente y, por tanto, su no tramitación como exigía la Ley.

Se trataba, en síntesis, de llevar el proceso a “vía muerta”, ya que la única posibilidad de que el expediente continuara, a través del Consejo de Ministros, obligaba a recurrir a la vía judicial y, consecuentemente, a un largo trámite de años que, probablemente, propiciaría que se disiparan las aspiraciones e ilusiones mayoritarias del pueblo de Torremolinos.

Ante tal tesitura, la Junta Pro-Autonomía decidió solicitar un informe a la Abogacía del Estado y el Ministerio de Administración Territorial, que concluyó que el expediente de segregación debía seguir su curso y no podía ser archivado.
El alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, como el resto de sus compañeros, hizo caso omiso a tal pronunciamiento, hasta el punto de no querer siquiera entregar el acta de la sesión plenaria del 30 de septiembre, para con ello retrasar todo el proceso iniciado.

La Junta Pro-Autonomía entendió siempre que la decisión de archivar el expediente constituyó una decisión injusta a sabiendas, un hecho tipificado legalmente como delito de prevaricación, pero evitó acudir a la vía penal, en aras de seguir agotando la vía contenciosa y evitar que el trámite se eternizara.